Un tribunal federal de Estados Unidos ha anulado la suspensión de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países que la Administración de Donald Trump mantenía en vigor desde enero. La justicia considera que el secretario de Estado, Marco Rubio, se extralimitó en sus competencias al aplicar una medida que impedía conceder los permisos incluso a personas que cumplían los requisitos para obtenerlos.
La decisión fue adoptada por la jueza del Distrito Sur de Nueva York Jeannette Vargas, que en una sentencia de 61 páginas calificó la prohibición de «manifiestamente ilegal». La magistrada cuestionó además uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno estadounidense para justificarla: el supuesto riesgo de que los solicitantes procedentes de esos países acabaran convirtiéndose en una «carga económica» para Estados Unidos.
Según Vargas, la directiva obligaba a los funcionarios encargados de tramitar los visados a rechazarlos incluso cuando los solicitantes reunían las condiciones necesarias y existían indicios de que podrían mantenerse por sus propios medios. Ese procedimiento, concluyó la jueza, chocaba con la obligación de examinar individualmente cada solicitud.
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