El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó el viernes a los campesinos cocaleros a discutir con el gobierno sobre una transición hacia una economía legal, durante una visita a la región con más narcocultivos del mundo (AFP)Gustavo Petro, presidente de Colombia, avanza en su idea de despenalizar la cocaína en la región y al mismo tiempo el diputado español en la UE, Hermann Tertsch, dice que el narcotráfico es el gran financiador de los “avances totalitarios” en América Latina. La coca y sus derivados forman ahora un volcán muy activo de noticias en la región cuando crecen los indicios de que las mafias del narco han decidido jugar a la geopolítica mundial alineadas con el frente contrario a las democracias.
Petro aclaró que no quiere legalizar de inmediato la cocaína aunque, a cambio de eso, dejará de perseguir a los campesinos que han convertido a Colombia en el primer productor de coca del mundo, sin hablar de los “guerrilleros” dedicados al mismo negocio en su país.
El diputado Tertsch dijo que los esquema totalitarios de la región comenzaron usando los petrodólares de Venezuela pero ahora han optado por usar los narcodólares, aludiendo a Morales, Maduro y Ortega. Dijo que el uso de los dólares de PDVSA fue probablemente el “más grande robo de la humanidad”.
En Bolivia, esta erupción del volcán de la hoja ha permitido en estos días conocer cómo es que la coca peruana llega a las fábricas modernas instaladas en las selvas amazónicas, camufladas en plantaciones de todo tipo, incluso de coca. La hoja peruana es cultivada por “guerrilleros” de Sendero Luminoso en la región del VRAEM y entra a Bolivia por los departamentos de La Paz y Pando, sin control alguno.
Y también han surgido detalles de cómo esa coca, además de la droga, parten de Bolivia hacia Argentina, una de las rutas para llegar a Europa. La otra vía es Brasil, donde el negocio es manejado por los cárteles del PCC y Comando Vermelho. El intendente de la ciudad de Rosario, en Argentina, no se explicaba este fin de semana cómo es que, en estos días, llegaron 150 kilos de cocaína boliviana a esa ciudad ensangrentada por las guerras entre pandillas del narco.
La explicación quizá esté en la decisión del gobierno boliviano de no activar los trece radares que compró en 2015, lo que permite a las avionetas que llevan la droga surcar el espacio aéreo boliviano sin problemas. El ministro de Defensa, culpable de esa demora, sigue diciendo que sólo uno de esos trece radares será destinado a controlar a las avionetas del narco.
Y, por el lado argentino, el actual gobierno peronista desactivó el centro de radares que había instalado en Tartagal, Salta, el anterior gobierno, según denunció desde el lugar la opositora Patricia Bullrich.
Si esta no es una coordinación binacional para ayudar el tráfico de droga, y no respalda la sospecha del diputado español ante la UE, por lo menos deja abierta la sospecha de que algunos “avances totalitarios” en la región están coordinando sus acciones y están del lado del narcotráfico.
Mientras tanto, los productores de coca de Yungas de La Paz siguen dando batalla al proyecto del gobierno de Luis Arce de instalar un mercado ilegal para la coca en la entrada a la ciudad, haciendo competencia al mercado autorizado por una ley. Los cocaleros de Yungas dicen que en el mercado ilegal que el gobierno insiste en habilitar se está comercializando coca procedente de zonas “rojas”, es decir ilegales, pero además de la coca peruana.
Es el gobierno boliviano que viola sus propias leyes para favorecer a los cocaleros ilegales, como si tuviera una visión global del negocio, por encima de las fronteras de los países de la región, mirando a la geopolítica internacional. Por ello no se preocupa de que las bandas brasileñas hayan tomado control de ciudades fronterizas bolivianas y las hayan convertido en las Ciudades Juárez de Bolivia, o en las Rosarios de Bolivia.
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