Dos personas fueron arrestadas durante allanamientos simultáneos en San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana
Una estructura criminal vulneró la red digital y financiera de una entidad bancaria y logró estafar la suma de once millones ciento treinta y un mil doscientos pesos dominicanos (RD$11,131,200.00), según las investigaciones del Ministerio Público.
El grupo operó entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, conformado por varios individuos, de los cuales algunos aún permanecen prófugos.
Por este caso fueron arrestados Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo la madrugada del martes 2 de septiembre, durante un operativo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El procedimiento incluyó cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores de las provincias San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana, establece un comunicado del Ministerio Público difundido este sábado.
Las acciones estuvieron encabezadas por las fiscales Lewina Tavárez Gil, responsable interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y Margaret Cabrera Morillo, con el apoyo de agentes de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional.
Audiencia este domingo
Tras los apresamientos, el Ministerio Público solicitó a un tribunal del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva como medida de coerción.
La jueza Fátima Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción, aplazó la audiencia para este domingo, 7 de septiembre de 2025, a fin de permitir que las defensas de los imputados presenten presupuestos de arraigo.
Los procesados enfrentan cargos por violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El órgano persecutor sostiene que se trata de una red criminal altamente estructurada y considera la prisión preventiva una medida necesaria para garantizar la correcta continuación del proceso, salvaguardar la investigación y asegurar la comparecencia de los acusados, mientras las pesquisas siguen en curso.
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