Imputados fueron presentados la tarde de este lunes por ante el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del DN
Santo Domingo. Varios de los imputados en el caso Senasa 2.0-A, incluyendo su alegado líder Ángel Luis Guzmán Vásquez, han expresado al Ministerio Público su disposición de negociar a cambio de que se les conceda la exclusión del expediente.
De manera oficial, Guzmán Vásquez a través de su abogado Billy Gerónimo, dijo que tanto él como su esposa, su hermano y su padre están dispuesto a llegar a cuaquier acuerdo con el Ministerio Público.
Sin embargo, aunque el órgano acusador señala también a los padres y a la esposa de Ángel Luis Guzmán Vásquez, estos no están detenidos.
Una fuente confió a El Nacional que otros han manifestado su interés al Ministerio Público de llegar a algún tipo de arreglo.
Un promedio de un millón 460 mil pesos es la pírrica cantidad de dinero que cada imputado habría cobrado en la alegada estafa cometida contra el Estado en el caso Senasa 2.0-A, según cálculo aritmético basado en los 41 millones de pesos que el Ministerio Público atribuye a los 25 acusados haber obtenido en la trama.
Si se dividen 41 millones de pesos entre los 25 imputados que hasta ahora han sido sometidos a la justicia, el cálculo matemático arroja un resulto de un millón 460 mil pesos per cápita, partiendo del supuesto que cada uno recibiera lo mismo.
De no ser así, como tal vez lo sería, es de suponer que algunos ni siquiera recibieron un millón de pesos.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para cada uno.
En el documento, de unas 525 páginas, se imputan a los procesados Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También a los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
El Ministerio Público también solicita prisión para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme lo establecido en la norma procesal vigente, por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
Juez aplaza para el miércoles medida de coerción
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, suspendió para el próximo miércoles 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los implicados en la Operación Cobra 2.0-A.
La decisión fue adoptada luego de que las barras de la defensa solicitaran tiempo para conocer el documento depositado por el Ministerio Público con la solicitud de medidas de coerción.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, director general de Persecución del órgano acusador; Mirna Ortiz, procuradora de Corte y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca); así como los fiscales litigantes Rosa Alba García y Ernesto Guzmán Alberto.
También participaron los procuradores de Corte Héctor García y Emmanuel Ramírez, además de la fiscal Yudelka Holguín.
En el desarrollo de la audiencia, la titular de la Pepca presentó ante el tribunal el depósito de la solicitud de medida de coerción contra la doctora Isabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades la mañana de este lunes.
Por razones de espacio, la audiencia fue celebrada en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se concentraron las partes involucradas en el proceso.
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